El presidente Javier Milei dio pruebas contundentes de que su plan económico no tiene atenuantes de índole social. “Voy a morir con las botas puestas”, afirmó para ratificar su convicción de que la macroeconomía terminará mejorando por derrame en el poder adquisitivo de la población.
Esta idea es repetida por algunos analistas económicos y también empresarios, en cuyos argumentos esgrimen que “la Argentina está mejor como país, aunque haya sectores que la estén pasando mal”.
En esa misma línea dicen con total dureza que “hay rubros industriales que van a quedarse en el camino por la transformación productiva”. “Pero no quedaba otra”, justifican.
Es inevitable trazar un paralelismo con experiencias anteriores, aunque sin dudas algo quedó incorporado en el consciente colectivo: lo contraproducente que es tener inflación para el poder adquisitivo de los salarios, la proyección de los gastos y la obtención de créditos.
Claro que en el análisis doméstico, el de la superficie, el real, no hacen falta conocer tantas variables para comprender que desde hace un año los precios le ganaron al salario, que el consumo por lógica se derrumbó, que hay comercios que cerraron y fábricas que colapsaron, y que el empleo volvió a ser una moneda en el aire.
La Argentina tiene una matriz social indeleble: la economía. Si falla, no hay consenso popular. Aunque el pasado haya sido peor y el futuro ni siquiera se asome.
Una frase recurrente es “estamos en el medio del río, pero hay que llegar a la otra orilla”.
Otra profecía suena: “Es lo que había que hacer, aunque muchos padezcan el cambio”.
Ambas reflexiones, dichas por personas formadas académicamente y algunas hasta con distinciones internacionales, no refieren a quienes no lleguen a la otra orilla o terminen padeciendo en forma definitiva el cambio. Ni siquiera piensan en algún salvavidas. Cómo si ese costo social fuese natural. A sabiendas de que justamente ese sector productivo nada tienen que ver con lo que se hizo mal antes ni tampoco con lo que supuestamente se hace bien ahora.
No lo consideran. Como tampoco lo hace el gobierno. Porque el costo social es un número en los cálculos económicos. Es una variable de ajuste. Y ni siquiera se prevé amortiguar el impacto de las medidas.
Ese costo social es el mismo que tampoco se previó antes, cuando la demagogia populista seguía derrochando recursos a costa del empobrecimiento social.
Por eso, a la hora de pagar los costos, los responsables no pagan. Porque además ellos siempre tienen un mismo argumento: el problema no son las medidas económicas, sino las movidas políticas para desestabilizar.
Nada desestabiliza lo que está firme. Y hoy, como ayer, lo que no está firme es la economía.
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