En los últimos días, el escenario económico argentino ha sumado un nuevo protagonista: el «Súper RIGI». El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este proyecto que busca elevar la apuesta del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) original. Mientras el Gobierno nacional enfoca sus esfuerzos en atraer capitales transnacionales, surge una pregunta inevitable en el sector productivo: ¿y las Pymes para cuándo?
La Apuesta por el Valor Agregado
El RIGI actual ya contempla beneficios para inversiones superiores a los 200 millones de dólares en sectores estratégicos como la minería, energía, tecnología y agroindustria. Sin embargo, el «Súper RIGI» pretende ir más allá, apuntando a rubros que hoy no tienen desarrollo local.
El objetivo principal del Super RIGI es fomentar la industrialización de los recursos naturales, por ello, las actividades de refinamiento y laminado de cobre, el procesamiento de litio y su industrialización en baterías, la producción de paneles solares, la instalación de datacenters y entre otras.
Para seducir a estos capitales, el proyecto ofrecería beneficios clave en IVA, Ganancias y derechos aduaneros. Además, incluye un tope fiscal estricto para las provincias, las cuales no podrán cobrar más del 0,5% en Ingresos Brutos a estos proyectos.
El «Efecto Derrame» que no llega a las Pymes
A pesar del entusiasmo que genera la posibilidad de industrializar recursos, la realidad del tejido empresarial pequeño y mediano es alarmante. Desde principios de 2024, han cerrado más de 20.000 Pymes.
Este fenómeno no es solo una estadística económica; representa una debacle social. El cierre de estas unidades productivas ha dejado a más de 200.000 personas sin empleo. El impacto es sistémico: menos aportes jubilatorios, caída en la recaudación de tasas municipales y una crisis que afecta desde el pago de servicios públicos hasta la escolaridad de los hijos de los trabajadores desplazados.
Una Propuesta de Salvataje en el Senado
Frente a este panorama, en el Senado de la Nación existe un proyecto de «Ley de Salvataje de las MiPymes Argentinas», cuya autoría es del senador Capitanich, a su vez impulsado por el senador y Lewandowski que propone medidas de alivio directo para atenuar la crisis del sector, entre ellas:
- Reducción del 50% de las tarifas y del IVA correspondientes a ellas.
- Devolución del IVA hechos por los consumidores a las Pymes dentro de los 30 días.
- Moratoria impositiva con planes de 36 a 60 cuotas según tamaño. Condonación de multas e intereses.
- Exención del impuesto al cheque para los Pymes.
- Cupo para compras de la Administración Pública Nacional a las MiPymes.
- Pago acelerado a Pymes proveedoras del Estado.
- Garantía de espacios en las góndolas mínimo 30% para Pymes.
- Fondo de asistencia para transformación digital de las Pymes.
- Las empresas que tengan beneficiosos por esta ley proteger los empleos de sus trabajadores.
- Crea un régimen por el cual se suspenden remates y ejecución de medidas cautelares. A su vez, ejecución de pedidos de quiebras, denominado Reestructuración preventiva de pasivos.
Conclusión: ¿Políticas Complementarias o Excluyentes?
Si bien puntos como la reducción de tarifas y la devolución del IVA a los consumos por compras a los MiPymes suponen un alto costo fiscal tanto para el Gobierno Nacional, como para las Provincias, el debate de fondo es la supervivencia del motor del empleo en Argentina.
Incentivar las grandes inversiones para transformar recursos naturales es un paso necesario para el desarrollo a largo plazo. No obstante, este impulso no debería ir en desmedro de un plan de salvataje urgente para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. La industrialización del país requiere de ambos motores: el de la gran inversión tecnológica y el de la Pyme que sostiene el día a día de las comunidades locales.
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