Hay un gesto político que este gobierno perfeccionó antes que cualquier otro: la reducción. No solo de gastos, de ministerios o de organismos, también, y quizás primero, del lenguaje. Milei llegó al poder con un vocabulario propio, comprimido, cifrado en siglas y neologismos que funcionaron como señales de pertenencia para millones de jóvenes que encontraron en esos códigos algo que pocas veces les había ofrecido la política: la sensación de hablar en el mismo idioma que el poder.
El fenómeno tiene nombre en la teoría de la comunicación: jerga de comunidad. Un conjunto de términos que construyen identidad, que trazan fronteras entre los que entienden y los que no, entre los que están adentro y los que quedan afuera. Y en eso, el mileísmo fue extraordinariamente eficaz.
El vocabulario que llegó masivamente a los jóvenes argentinos en los últimos dos años no fue accidental. Fue una construcción comunicacional deliberada, aceitada en redes sociales, streamings y memes. Empezó con el grito de cierre: VLLC, Viva la Libertad, Carajo, que transformó un concepto filosófico complejo en una jaculatoria laica, en un grito de cancha que cohesionaba sin explicar. Le siguió el nombre del propio partido convertido en marca: LLA, La Libertad Avanza, operación típica del marketing electoral que condensa una propuesta política en tres letras fáciles de gritar y de hashtagear. Después llegó NOTALP, No Odiamos Tanto A Los Periodistas, que nació como chiste autoconsciente de la comunidad libertaria online, pero al condensarse en sigla normalizó algo más grave: el desprecio a la prensa como rasgo de identidad y no como alerta democrática. En paralelo, la frase «no hay plata» dejó de ser una descripción del estado de las finanzas para volverse el fundamento de cada decisión, un mantra que transformó una elección política —a quién recortarle y a quién no— en una imposibilidad natural, como si el ajuste fuera un fenómeno climático. Completaron el diccionario «la casta», enemigo difuso que puede ser cualquiera y que siempre está disponible para culpar cuando algo sale mal; «zurdo», insulto-categoría que reemplaza el debate por la descalificación y cierra conversaciones antes de que empiecen; «el modelo», abstracción que justifica cualquier costo humano concreto porque el modelo es siempre más importante que las personas afectadas por él; y finalmente la motosierra, imagen de campaña que convirtió una herramienta de destrucción masiva en símbolo de gestión eficiente. La violencia como eficiencia. El daño como necesidad.
Lo que estas siglas y estos slogans tienen en común no es solo su eficacia viral. Es su capacidad para desresponsabilizar al Estado de sus obligaciones. Cuando NOTALP circula como chiste, se normaliza el desprecio a la prensa. Cuando «no hay plata» suena a ley de la naturaleza, desaparece la pregunta más importante: ¿para quién no hay plata, y para quién sí?
Achique de palabras, achique de derechos
Existe una correspondencia que no es metafórica sino estructural entre la reducción del lenguaje y la reducción del Estado. Ambas operan con la misma lógica: eliminar todo lo que parezca redundante, superfluo, costoso. Y en ese proceso, lo primero que se vuelve invisible son las personas que más dependen de esas palabras para nombrarse ciudadanas.
Cuando se elimina el Ministerio de Salud y se lo convierte en una secretaría —una degradación burocrática con consecuencias presupuestarias directas—, no solo cambia el nombre. Cambia el rango político del área, su capacidad de negociación dentro del gabinete, el peso específico que el Estado le asigna a la salud como derecho. Lo mismo ocurre con la desfinanciación del PAMI, con los medicamentos que dejaron de llegar, con los tratamientos oncológicos que se retrasaron mientras el vocero de turno repetía, sereno: «no hay plata.»
En educación, el recorte a las universidades públicas no llegó con un decreto que dijera «el Estado abandona la educación superior». Llegó con un presupuesto que no se actualizó, con partidas congeladas, con fondos de obra paralizados. La motosierra no necesita anunciar lo que hace: solo hace. Y mientras hace, el mantra opera como anestesia discursiva. No hay plata para los salarios. No hay plata para los laboratorios. No hay plata, repiten, mientras hay partidas para otras cosas que el modelo considera prioritarias.
El caso de la discapacidad es quizás el más brutal en su literalidad. El desfinanciamiento del ANDIS, la demora en las prestaciones, la interrupción de coberturas, la presión sobre familias para que devuelvan fondos ya utilizados en terapias y tratamientos: todo esto ocurrió mientras el gobierno comunicaba «eficiencia», «transparencia» y «fin del fraude». El lenguaje eficientista convirtió a las personas con discapacidad en sospechosas de un sistema que supuestamente las sobreprotegía. El achique discursivo las volvió invisibles antes de que el recorte presupuestario las dejara desprotegidas. Si alguien se quejaba, ya se sabe: era un zurdo que defendía la casta.
Hay una palabra que este gobierno nunca usará para describir sus políticas. Una palabra de cuatro sílabas que, sin embargo, es la más precisa para nombrar lo que ocurre cuando el Estado decide, de manera deliberada y consciente, retirar recursos de quienes más los necesitan. No es una palabra nueva. La filosofía moral la usa desde hace siglos para distinguir entre el daño que se produce por descuido o ignorancia y el daño que se produce sabiendo que se produce. Que se elige producir. Ese daño elegido, ese sufrimiento que podría evitarse y sin embargo se administra como herramienta de disciplinamiento social y económico, tiene nombre: crueldad.
Un gobierno que habla en siglas, que comprime los derechos en hashtags y los recortes en eufemismos de gestión, que entrega motosierras de juguete en un escenario mientras firma la caída de las partidas de medicamentos oncológicos y de las prestaciones para personas con discapacidad, ese gobierno no está siendo cruel por descuido. Lo está siendo con método, con lenguaje propio, con una estética cuidadosamente diseñada para que la crueldad parezca inevitabilidad. Para que «no hay plata» suene a ley de la naturaleza y no a decisión política.
Y mientras los jóvenes aprenden las siglas y gritan VLLC en los estadios, las personas con discapacidad esperan sus coberturas. Mientras NOTALP circula como meme, los hospitales públicos se quedan sin insumos. Mientras el modelo avanza, lo que retrocede tiene cara, tiene nombre, tiene historia. No tiene sigla. Porque lo que se destruye, cuando se destruye en serio, ya no necesita ser nombrado.
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