La aprobación de la Ley 27.799, bajo el concepto de «inocencia fiscal», ha generado un escenario de expectativas diversas entre el sector público y el privado. A través de la creación del Régimen de Declaración Simplificada del Impuesto a las Ganancias, se establece un marco normativo para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a mil millones de pesos y patrimonios que no excedan los diez millones, excluyendo a los catalogados como grandes contribuyentes. Bajo estos parámetros, se habilita la utilización de fondos hasta un tope de cien millones de pesos sin requerimientos adicionales sobre el origen de los fondos por parte de ARCA o la UIF.
Técnicamente, esto representa una oportunidad de regularización de ahorros no declarados para aproximadamente 600.000 contribuyentes, aunque el interés registrado hasta el momento ha sido limitado. Del mercado de capitales a la inversión productiva. Si bien la normativa vigente promueve la canalización de estos activos hacia el mercado de capitales —tales como obligaciones negociables, títulos públicos o plazos fijos—, es pertinente analizar el costo de oportunidad de no haber orientado este flujo hacia la economía real.
Una política orientada a incentivar la adquisición de bienes inmuebles y vehículos 0 km mediante estos fondos declarados ofrecería ventajas estructurales inmediatas:
Sostenibilidad Fiscal: La compra de estos bienes genera una carga tributaria directa que compensaría parcialmente la recaudación no percibida durante el período en que dichos ahorros permanecieron fuera del sistema.
Contención de la Actividad: En un contexto donde el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registra caídas interanuales superiores al 2% y la recaudación nacional se contrae en términos reales, la inversión en activos físicos actúa como un amortiguador del consumo.
Preservación del Empleo: El dinamismo de los sectores inmobiliario y automotriz es clave para mitigar la pérdida de puestos de trabajo que ya se evidencia en los principales centros urbanos del país.
Ante la elaboración del Presupuesto 2027, resulta imperativo considerar leyes promocionales que dejen de ver al ahorro privado únicamente como un instrumento financiero. La propuesta de dirigir los «dólares del colchón» hacia el sector productivo y de bienes durables es una alternativa estratégica para paliar la crisis de actividad y reconstruir la base imponible del Estado.
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