Una sociedad puede definirse por aquello que decide mirar y por aquello que decide no ver.
Las personas en situación de calle forman parte de esa frontera incómoda donde se cruzan la pobreza, la desigualdad, los problemas de salud, las violencias, la falta de vivienda y la ruptura de los vínculos sociales. Son el rostro más extremo de una exclusión que no aparece de un día para otro, sino que se construye lentamente cuando fallan las redes de protección y cuando el Estado deja de estar presente.
Por esto preocupa el reciente relevamiento nacional sobre personas en situación de calle. No solamente por las cifras que difundió, sino por lo que esas cifras representan. Cuando los números no reflejan la realidad, el problema no desaparece: simplemente se vuelve invisible.
Y la invisibilización nunca es neutral.
La publicación de los números presentados por el gobierno nacional en abril de 2026 ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones especialistas como Proyecto 7 y el Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle (Untref). Mientras el informe de la cartera nacional indicó menos de 10.000 personas en todo el país, las mediciones de las organizaciones estiman el número en alrededor de 380.000, evidenciando un desfasaje alarmante y una falta de seriedad que busca esconder la realidad y sembrar confusión al respecto.
Según lo expuesto el relevamiento nacional no contempló de manera clara la metodología, la logística, los tiempos utilizados ni el personal de recorrida territorial. El sondeo oficial fue insuficiente, realizándose solo en 19 provincias y dejando fuera a distritos clave como la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja. Y solo se reconoció como personas en situación de calle a quienes se encontraban `sin techo´, omitiendo de forma deliberada a quienes pernoctan transitoriamente en paradores u hogares asistenciales, además de ignorar a las personas en riesgo de situación de calle que estipula la ley.
Entonces cuando no sabemos cuántas personas viven en la calle, dónde están, cuáles son sus trayectorias, qué necesidades tienen o qué situaciones de salud atraviesan; se vuelve imposible planificar respuestas adecuadas. Sin datos confiables no hay políticas públicas eficaces. Sin evidencia no hay asignación responsable de recursos. Sin reconocimiento no hay derechos.
Por eso es necesario exigir un nuevo relevamiento nacional, realizado con transparencia metodológica, alcance federal real y participación de organizaciones sociales, universidades, equipos profesionales y actores territoriales que conocen la problemática desde hace años. No se trata de una discusión técnica, se trata de una discusión ética; porque detrás de cada número hay una persona.
Rosario conoce esta problemática desde hace décadas. Nuestra ciudad construyó experiencias pioneras de atención, acompañamiento y cuidado. La pandemia obligó incluso a transformar dispositivos temporarios en políticas permanentes. Sabemos que el problema existe porque lo vemos todos los días en nuestros barrios, en nuestros centros de salud, en nuestras organizaciones sociales y en nuestras calles.
También sabemos que el sinhogarismo se ha convertido en uno de los grandes desafíos urbanos de nuestro tiempo. Las ciudades del mundo discuten cómo abordarlo porque entienden que no es un fenómeno individual ni una consecuencia de decisiones personales aisladas. Es una expresión profunda de desigualdades estructurales que requieren respuestas integrales y sostenidas.
Por eso necesitamos un acuerdo amplio. Un acuerdo que involucre al Estado nacional, provincial y municipal, a la Universidad, a las organizaciones sociales, a los credos y a la comunidad en su conjunto. Un acuerdo que trascienda gobiernos y coyunturas.
La primera forma de cuidar es reconocer, es nombrar. Y la primera condición para garantizar derechos es saber quiénes son aquellos a quienes esos derechos les están siendo negados.
Relevar a quienes hoy permanecen invisibles no es una cuestión estadística, es una cuestión de dignidad.
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