Mientras buena parte del debate público se concentra en consignas políticas o disputas coyunturales, hay un problema estructural que vuelve a quedar relegado: la escasa educación financiera de la sociedad argentina.
El Gobierno impulsa un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias que incorpora modificaciones vinculadas a la denominada «inocencia fiscal», con el objetivo de incentivar que los ahorros hoy inmovilizados ingresen al circuito económico y, al mismo tiempo, fortalecer el mercado de capitales.
La iniciativa puede perseguir objetivos razonables. Sin embargo, aparece una pregunta de fondo: ¿cómo pretendemos que millones de argentinos inviertan en instrumentos financieros que nunca les enseñaron a comprender?
Durante décadas, los argentinos desarrollamos un conocimiento práctico para sobrevivir a la inflación. Aprendimos que el dinero pierde valor con el tiempo, que el precio contado y el financiado nunca son iguales y que mantener efectivo muchas veces implica perder poder adquisitivo.
Pero una cosa es saber convivir con la inflación y otra muy distinta es comprender el funcionamiento del sistema financiero.
Para una gran parte de la población —especialmente mayores de 40 años— conceptos como bonos, obligaciones negociables, Cedears o fondos comunes de inversión siguen siendo ajenos. No porque exista falta de interés, sino porque nunca hubo una política sostenida de educación financiera.
Un bono, en esencia, no deja de ser una promesa de pago. Sin embargo, cuando aparecen términos como bonos duales, ajustados por inflación, dollar linked o diferentes mecanismos de amortización, el ciudadano promedio deja de entender de qué se está hablando.
Con las obligaciones negociables ocurre algo similar. Se habla de rendimientos, duración, emisiones bajo la par o riesgo crediticio como si fueran conceptos cotidianos, cuando para la enorme mayoría de los argentinos no lo son.
Las acciones presentan un desafío aún mayor. Invertir en renta variable requiere información, seguimiento permanente y capacidad para evaluar riesgos. Existe una evidente asimetría de información entre quienes operan profesionalmente y el pequeño ahorrista. Esa desigualdad es precisamente uno de los argumentos que justifican la intervención inteligente del Estado mediante regulación, información y educación.
Si la intención es profundizar el mercado de capitales argentino, primero debemos construir ciudadanos capaces de comprenderlo.
La política pública no puede limitarse a ofrecer instrumentos; también debe generar las condiciones para que las personas puedan utilizarlos con conocimiento y responsabilidad.
Por eso resulta necesario avanzar en una estrategia nacional de educación financiera, incorporándola desde la escuela y extendiéndola a jóvenes, trabajadores, jubilados y pequeños ahorristas. Una economía moderna necesita ciudadanos que entiendan cómo ahorrar, invertir, administrar riesgos y planificar financieramente.
Pero además pueden implementarse incentivos concretos para canalizar el ahorro hacia el financiamiento de la economía real.
Y si deducimos de ganancias?
Actualmente, los intereses de los bonos están exentos de impuesto a las ganancias de personas físicas, si se permitiera que una parte de las inversiones realizadas en bonos públicos nacionales, provinciales y municipales pueda computarse como deducción en el Impuesto a las Ganancias: el incentivo sería mayor. El mismo criterio podría extenderse a las obligaciones negociables emitidas por empresas argentinas que invierten y producen en el país.
De esta manera se generaría un doble beneficio: por un lado, más financiamiento para el Estado y para el sector productivo; por el otro, un incentivo para que los ahorros de los argentinos permanezcan dentro del sistema formal, fortaleciendo el mercado de capitales y el desarrollo económico.
La confianza no se construye únicamente con beneficios fiscales. También se construye con conocimiento.
Y sin educación financiera, cualquier intento por ampliar el mercado de capitales tendrá un alcance mucho más limitado del que la Argentina necesita.
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