La semana pasada repasamos algunos conceptos básicos del régimen de coparticipación federal, entre ellos, la distribución primaria y la secundaria. La primera determina qué porcentaje de los recursos se queda la Nación, cuánto se distribuye entre las provincias y qué parte se destina a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Pero hay otra pregunta crucial: ¿cómo se reparte entre las provincias ese porcentaje que les corresponde?
La respuesta está en los coeficientes establecidos por la Ley 23.548, sancionada en 1988. Buenos Aires recibe el 21,72%; Córdoba, el 8,79%; Santa Fe, el 8,84%; Mendoza, el 4,13%; y Salta, el 3,80%, entre otros porcentajes. Estos coeficientes no responden a indicadores objetivos de población, desarrollo o necesidades actuales. Son, esencialmente, el resultado de acuerdos políticos de hace casi cuatro décadas. Para comprender cómo llegamos hasta acá, conviene mirar la historia.
Cuando la distribución tenía criterios de desarrollo
La ley anterior, la 20.221, sancionada en marzo de 1973, establecía criterios explícitos para distribuir los recursos. El 65% se asignaba según la población; el 25%, en función de la brecha de desarrollo entre cada provincia y el área integrada por la Capital Federal y Buenos Aires; y el 10% restante, según la densidad poblacional, favoreciendo a las jurisdicciones que estaban por debajo del promedio.
El objetivo era compensar las desigualdades territoriales. En aquel momento, la Capital Federal y Buenos Aires concentraban los mayores niveles de desarrollo, por lo que el sistema buscaba favorecer a las provincias más rezagadas.
La ley venció a fines de 1983 y fue necesario extenderla transitoriamente. Luego, durante 1985, 1986 y 1987, la Argentina funcionó sin una ley de coparticipación federal. Los recursos se distribuyeron mediante acuerdos bilaterales entre el Gobierno nacional y cada provincia.
En ese contexto, las provincias gobernadas por el justicialismo obtuvieron condiciones favorables frente al gobierno radical. Santa Fe terminó con un coeficiente ligeramente superior al de Córdoba, mientras que Buenos Aires perdió cinco puntos de participación. En esa pérdida tuvieron responsabilidad tanto el gobernador bonaerense Alejandro Armendáriz como Antonio Cafiero, su sucesor.
Finalmente, en 1988 se sancionó la ley que continúa vigente. Sus coeficientes cristalizaron aquellos acuerdos políticos, sin una fórmula que permita actualizarlos automáticamente según la evolución de las provincias.
Modificar ese esquema resulta extraordinariamente difícil, porque exige construir acuerdos políticos amplios entre jurisdicciones con intereses contrapuestos.
El antecedente del Fondo del Conurbano Bonaerense
La pérdida de recursos de Buenos Aires dio lugar a otra respuesta: destinar el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias al Fondo del Conurbano bonaerense, con un límite de 650 millones de pesos. Todo excedente por encima de ese tope se distribuía entre las demás provincias.
Con el tiempo, y tras la devaluación, ese límite quedó desactualizado. El excedente que recibían otras jurisdicciones llegó a multiplicar varias veces el monto destinado a Buenos Aires. El Consenso Fiscal de 2017 buscó corregir ese desequilibrio mediante un esquema de compensación.
La historia demuestra que los mecanismos de distribución no son inmutables. Cuando una regla deja de responder a la realidad económica y territorial, es posible discutir instrumentos para corregir sus efectos.
Una discusión pendiente para la Argentina
La experiencia de la Ley 20.221 deja una enseñanza: la distribución de los recursos federales puede incorporar criterios que contemplen las desigualdades territoriales y las necesidades de desarrollo. Por ello, es muy importante tener presente que la situación socio económica del 73 se modificó abruptamente, por lo cual no es nada descabellado plantear una brecha por la provincialización de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.
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