Cumplir con la normativa legal ya no es suficiente para ingresar al mercado europeo, norteamericano o asiático. Un exportador del Mercosur puede satisfacer toda la normativa sanitaria y fitosanitaria de la UE y de otros mercados destino y aun así quedar fuera de las góndolas europeas, porque por encima del piso legal opera una segunda capa de exigencias definida por actores privados —minoristas, procesadoras, consumidores— que decide el acceso real a las cadenas de suministro. Aunque técnicamente voluntarias, estas certificaciones se han vuelto una condición comercial casi obligatoria: no son solo un requisito, son una ventaja competitiva para quien las adopta a tiempo.
Dos capas de exigencia
Conviene distinguir con claridad entre ambos niveles, porque se gestionan de forma distinta y responden a lógicas diferentes. El primero es el marco oficial: los reglamentos sanitarios, fitosanitarios, de trazabilidad y ambientales que la Unión Europea exige a cualquier producto que ingrese a su mercado, sea comunitario o importado.
El marco oficial es un piso legal no negociable —SPS, límites máximos de residuos (Reglamento 396/2005), Reglamento de deforestación EUDR (2023/1115), trazabilidad y etiquetado— verificado por SENASA, MAPA, MGAP y SENAVE, y auditado por la Comisión Europea. Por encima de ese piso, las certificaciones privadas actúan como filtro adicional impuesto por el comprador antes de firmar un contrato: es la capa que decide quién compite por los mercados premium y quién queda relegado a canales de menor valor.
El segundo nivel es el de las certificaciones privadas: esquemas desarrollados por asociaciones de minoristas, industrias o coaliciones de sostenibilidad, sin respaldo estatal directo aunque algunas están muy reguladas y requieren un control mixto oficial/privado, y que los compradores europeos exigen como filtro adicional antes de firmar un contrato. Esa es la capa que decide, en la práctica, quién entra a competir por los mercados premium y quién queda relegado a canales de menor valor.
Tres certificaciones privadas clave para el Mercosur
Orgánico — combina ambas capas: es un régimen reconocido por la UE (Reglamento 2018/848) pero gestionado por certificadoras privadas. Desde 2022 rige el cumplimiento pleno de la norma europea, no una equivalencia local; en la región, LETIS certifica con reconocimiento de la propia Comisión Europea.
Global G.A.P. — el estándar de facto para producción primaria: fruta, hortaliza y acuicultura. La versión vigente, IFA v6, se exige desde el 1 de enero de 2025 y es, en la práctica, la puerta mínima para negociar con distribución europea.
BRCGS — certifica plantas de procesamiento y envasado, no el campo. La versión Issue 9 certifica más de 24.500 plantas en 137 países y condiciona el acceso a supermercados de primera línea en Reino Unido, Europa, Estados Unidos y China.
Costos, riesgo y estrategia
Certificarse implica auditorías, adecuación de procesos y formación, un costo que puede disuadir a pymes sin garantía inmediata de retorno. Pero bien elegida, una certificación abre mercados premium, estabiliza relaciones con distribuidores y reduce el riesgo reputacional.
La recomendación no es acumular estándares, sino identificar el mercado destino, analizar qué exige el comprador y priorizar una o dos certificaciones con mayor efecto multiplicador: orgánico y Global G.A.P. para producto primario, BRCGS para plantas procesadoras.
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