Cada año, cuando se acerca septiembre, comienza el ritual político del Presupuesto. Funcionarios, legisladores, periodistas y analistas discuten números, proyecciones y promesas. En la Nación, el Poder Ejecutivo debe enviarlo al Congreso antes del 15 de septiembre. El Jefe de Gabinete debe presentar a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara de Diputados de la Nación.
En Santa Fe, el plazo vence el 30 de setiembre, pudiendo el Poder Ejecutivo elegir la cámara de origen.
Todo parece indicar que allí se juega el futuro de las cuentas públicas. Sin embargo, esa discusión suele esconder una verdad incómoda: el Presupuesto no deja de ser una estimación. Esta valoración se realiza en función a las variables previstas en el mes de agosto del año anterior a la ejecución. Es decir, tipo de cambio, la inflación y el crecimiento que se espera para los próximos 12 meses.
Un cálculo sobre cuánto se espera recaudar, cuánto se proyecta gastar, qué obras se prometen ejecutar y cuál será el resultado fiscal esperado. También incorpora hipótesis macroeconómicas como inflación, crecimiento y tipo de cambio. Pero, al fin y al cabo, son eso: hipótesis.
La realidad casi nunca respeta el papel. Una sequía puede derrumbar la recaudación por derechos de exportación. Una crisis internacional modifica los precios de los commodities. Una pandemia obliga a reasignar partidas y altera completamente las prioridades del Estado. Entre lo presupuestado y lo ejecutado suele haber una distancia considerable.
Por eso sostengo que existe un documento mucho más importante que el Presupuesto y que, paradójicamente, casi no genera debate público: la Cuenta de Inversión.
Allí ya no se habla de promesas, sino de hechos. Es el informe donde el Estado rinde cuentas sobre cómo administró efectivamente los recursos públicos. Muestra cuánto ingresó, cuánto gastó, cuál fue el resultado financiero, cómo evolucionó la deuda y, sobre todo, permite comparar lo que se anunció con lo que finalmente se hizo.
Fecha clave: 30 de junio.
Ese documento se presenta todos los años, luego del cierre del ejercicio, el 30 de junio de cada año posterior al cierre del 31 de diciembre, y constituye la verdadera evaluación de una gestión. Porque gobernar no es anunciar obras, sino ejecutarlas. No es prometer equilibrio fiscal, sino demostrarlo con números verificables.
La Cuenta de Inversión debería ocupar el mismo espacio mediático que hoy tiene el debate presupuestario. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Tal vez porque analizar la ejecución exige mucho más compromiso que comentar proyecciones.
Incluso existe otra paradoja poco conocida. La Cuenta de Inversión debe ser aprobada o rechazada por el Poder Legislativo. Sin embargo, en el Congreso Nacional, si pasan cinco años sin tratamiento, queda aprobada de manera ficta. Es lo que ocurre de manera habitual. En Santa Fe ese plazo es de dos años.
Es decir, un instrumento esencial para controlar cómo administró un gobierno los recursos públicos termina, muchas veces, convalidado simplemente por el paso del tiempo.
Tanto el Gobierno Nacional, como el Provincial presentaron las respectivas Cuentas de Inversión. Las dos muestran resultados superavitarios, a pesar de poseer déficit previsional.
Por ello, venimos sosteniendo desde esta columna que el déficit previsional es mayor desafío de las finanzas públicas argentinas.
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