Mucho se habla de coparticipación, pero no siempre se comprende cómo funciona. Entenderla es fundamental para discutir el federalismo, las responsabilidades de cada nivel de gobierno y los recursos con los que cuentan las provincias. Intentemos explicarlo de manera sencilla.
El Gobierno nacional recauda impuestos como el IVA, Ganancias, impuestos internos, entre otros, pero una parte de esos recursos se distribuye entre las provincias mediante un mecanismo establecido por ley: la coparticipación federal.
Para entenderlo, hay que distinguir dos conceptos. La distribución primaria determina cómo se reparte la masa coparticipable entre la Nación y el conjunto de las provincias. La distribución secundaria establece qué porcentaje le corresponde a cada jurisdicción.
Distribución primaria
Según el esquema aquí considerado, la distribución primaria asigna el 41.64% al Gobierno nacional (incluye la parte correspondiente a Ciudad Autónoma Buenos Aires), el 57.36% a las 23 provincias y el 1% restante a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales.
No todos los impuestos se distribuyen igual
Los aranceles al comercio exterior corresponden exclusivamente al Gobierno nacional. En el caso del IVA, el 89% de la recaudación ingresa a la masa coparticipable, mientras que el 11% restante se destina a financiar la Seguridad Social. Impuesto a las Ganancias, por su parte, se coparticipa un 100%, es decir por cada 100 pesos de recaudación 41.64 pesos Gobierno Nacional y 57.36 pesos y 1 peso a ATN.
Estas diferencias muestran que la recaudación nacional no equivale a recursos exclusivos de la Nación: existen mecanismos legales que determinan cómo se distribuyen los fondos.
Distribución secundaria: un reparto que lleva décadas sin cambiar
Los coeficientes de distribución secundaria establecidos por la Ley 23.548 permanecen prácticamente inalterados desde 1988. Santa Fe recibe el 8,84%; Córdoba, el 8,79%; y Entre Ríos, el 4,83%, por ello, se denomina distribución secundaria.
Estos porcentajes no responden directamente a variables actuales como la población o las necesidades básicas insatisfechas. Su explicación está vinculada con el proceso histórico argentino y los acuerdos políticos que dieron forma al sistema. En otra columna semanal vamos a tratar de comentar de cómo se llegó a los coeficientes actuales.
La Ley de Coparticipación establece mecanismos de distribución automática de los recursos comprendidos en el régimen, y esto se cumple en la Argentina.
ATN
A diferencia de las transferencias automáticas, los ATN dependen de decisiones del Gobierno nacional. Por eso, su distribución puede quedar sujeta a criterios políticos. Se trata de un mecanismo que atraviesa distintos gobiernos desde hace décadas y cuya utilización nunca estuvo exenta de controversias. Además, los fondos que no se distribuyen se acumulan, y mientras tanto se encuentran en las cuentas del Gobierno Nacional.
En fin, los ATN constituyen una excepción: su asignación depende de decisiones del Gobierno nacional, lo que abre controversias sobre los criterios utilizados.
Esto plantea un interrogante: ¿en qué medida se cumple el objetivo de asistir a las provincias cuando esos recursos permanecen sin distribuir?
La distinción es importante: mientras una parte de los fondos se distribuye automáticamente por ley, otra depende de decisiones políticas del Poder Ejecutivo.
¿Por qué es difícil reformar la coparticipación?
Modificar el régimen requiere acuerdos institucionales de gran alcance. La Constitución Nacional establece que una nueva ley convenio debe ser aprobada por el Congreso y por las legislaturas provinciales, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ninguna de las partes puede modificarla unilateralmente.
Por eso, una reforma no depende solamente de la voluntad de un gobierno o del reclamo de una provincia: exige una negociación política compleja entre todas las jurisdicciones involucradas. Porque en definitiva, la Constitución Nacional establece que cualquier provincia tiene poder de veto.
Comprender estas reglas permite discutir la coparticipación con mayor claridad. Detrás de los porcentajes hay decisiones históricas, responsabilidades fiscales y relaciones de poder entre los distintos niveles del Estado.
El desafío es construir un sistema que contemple esas dimensiones y permita sostener un federalismo efectivo, con recursos previsibles para que las provincias puedan atender las necesidades de sus habitantes.
About The Author
