Los bonos argentinos volvieron a mostrar un fuerte deterioro durante septiembre. La combinación de tasas internacionales más elevadas y la incertidumbre sobre el escenario económico de los próximos años volvió a presionar sobre sus valuaciones.
Más allá de las diferencias que podamos tener con la actual política económica, hay una pregunta que deberíamos hacernos: ¿qué podemos hacer para reducir la incertidumbre y fortalecer la confianza en los títulos de nuestro país y nuestras provincias?
Una alternativa podría ser utilizar herramientas fiscales para incentivar su adquisición. Actualmente, los intereses de los bonos están exentos del Impuesto a las Ganancias para las personas humanas. Pero podríamos pensar en dar un paso más: establecer una deducción en este impuesto para quienes adquieran títulos públicos nacionales o provinciales.
La medida podría complementarse con una política de educación financiera que permita que más argentinos conozcan cómo funcionan estos instrumentos y comprendan que invertir en títulos públicos también significa participar del financiamiento del Estado, y su vez, contar con un ingreso extra para sus cuentas personales.
El dato es importante: aún en un contexto de caída de los precios de los bonos, el 30 de septiembre se pagaron en tiempo y forma los intereses correspondientes.
Defender los títulos nacionales y provinciales no significa defender a un gobierno. Significa defender la continuidad jurídica y económica de los Estados y fortalecer instrumentos que permiten financiar políticas públicas y proyectos de desarrollo.
Por supuesto, una medida de estas características tendría un costo fiscal. El Impuesto a las Ganancias representa una parte significativa de la recaudación nacional (18% del total nacional) y, además, el 57% del producido se coparticipa a las provincias: 57%.
Sin embargo, el análisis no debería detenerse solamente en ese costo. También deberíamos preguntarnos cuánto nos cuestan, las noticias: el aumento del riesgo país, la caída de los activos argentinos y el deterioro de las condiciones para acceder al financiamiento.
Promociones de incentivo como el RIGI o esquemas similares conllevan costos fiscales significativamente más altos. Conviene reflexionar sobre el costo indirecto que generan los titulares constantes sobre el aumento del riesgo país o la caída vertiginosa de los activos argentinos. Estas situaciones no solo desincentivan la inversión en bonos, acciones u obligaciones negociables, sino que dañan el ánimo de consumo y la confianza económica de toda la sociedad.
En un escenario de incertidumbre, quizás sea momento de buscar instrumentos diferentes, que permitan recuperar confianza, ampliar la participación de los argentinos en el mercado de capitales.
Toda crisis representa una oportunidad. Aunque alcanzar un consenso político en esta materia sea complejo, es momento de intentar algo distinto.
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