El pasado 15 de septiembre, el Gobierno Nacional presentó el Presupuesto General de la Nación en tiempo y forma. Para el próximo período, las proyecciones oficiales estiman una inflación promedio del 21,1% anual y un crecimiento del PBI del 4%. La hoja de ruta plantea que los tributos aumenten y que los gastos también lo hagan, aunque en una proporción notablemente menor. Más allá de las metas, no debemos olvidar la regla básica: todo presupuesto es, por definición, una estimación de recursos y una previsión de gastos de un ente público.
Sin embargo, para entender hacia dónde vamos, es indispensable mirar de dónde venimos. ¿Qué ocurrió realmente con el gasto público desde que Javier Milei asumió la presidencia?
¿Qué pasó con el gasto público desde que asumió Milei?
Los datos duros le dan dimensión al relato. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto público nacional se desplomó un 32% en términos reales entre agosto de 2023 y agosto de 2026. Es decir, casi una tercera parte del gasto del Estado se evaporó en tres años, lo que equivale a una caída neta del 12,4% del Producto Bruto Interno.
La famosa «motosierra» se aplicó con precisión sobre sectores muy específicos. En este período, las principales víctimas del ajuste fueron:
Transferencias no automáticas a las provincias: Fondos clave destinados a cubrir déficits de cajas previsionales locales y programas sociales.
Obra pública: El financiamiento a cargo del Gobierno Nacional sufrió un freno drástico, volviéndose virtualmente inexistente.
Subsidios al transporte y transferencias a Universidades Nacionales: Dos de los sectores que mayor conflictividad social generaron debido al fuerte recorte en sus partidas.
La contracara de esta caída sistemática estuvo en los subsidios a la energía y los intereses de la deuda pública, los únicos dos rubros del gasto que se destacaron por aumentar durante el último año, mientras el resto continuaba su derrotero bajista.
¿Hay lugar para más motosierra?
La pregunta que se impone de cara al futuro es si el Gobierno puede profundizar el ajuste. La respuesta es sí, pero difícilmente en la misma cuantía que los años anteriores. La obra pública, por ejemplo, ya tiene una proyección que tiende a cero para el próximo ejercicio. De hecho, en el año corriente su ejecución apenas alcanzó el 22% de lo presupuestado: de cada 100 pesos asignados por ley, el Estado solo gastó 22.
Al haberse agotado el margen en la infraestructura, el foco de la motosierra se desplazará inevitablemente hacia el grueso del gasto público: las prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo) y las partidas de las universidades.
Una promesa cumplida y otras pendientes
Hay que reconocer que el Presidente cumplió con una de sus principales banderas de campaña electoral. Aquella motosierra que exhibía en las caravanas no era un simple cotillón; era un adelanto preciso de su plan de gobierno. Distinta suerte corrieron otras promesas emblemáticas: la baja drástica de impuestos quedó postergada para no comprometer el superávit fiscal, y la idea de «poner una bomba» el Banco Central chocó de frente con la realidad de los límites legales.
En lo personal, y como he manifestado en otras ocasiones, no comparto la visión de la política económica de La Libertad Avanza. Considero que la justicia social es un valor fundamental que debemos pregonar y practicar en una comunidad organizada, y no «una aberración» como suele definirla el Presidente Milei.
Sin embargo, nobleza obliga en el análisis político: a quienes votaron pidiendo motosierra y ajuste, la promesa se les cumplió a rajatabla. El Presupuesto presentado no hace más que ratificar que el rumbo elegido sigue su marcha.
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