El debate sobre el federalismo fiscal en Argentina suele quedar atrapado en la vieja discusión sobre la Ley de Coparticipación. Sin embargo, este enfoque es insuficiente: el verdadero motor de la desigualdad actual entre provincias no es cómo se distribuyen los impuestos federales, sino la renta que generan el petróleo, el gas y la minería.
El cambio de paradigma tras 1994
La reforma constitucional de 1994, que otorgó a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, cambió la configuración fiscal del país. Hoy, la suerte financiera de una jurisdicción depende en gran medida de su geografía. Mientras algunas provincias acceden a ingresos extraordinarios por regalías, otras —las más productivas y agroindustriales— dependen exclusivamente del esfuerzo fiscal de sus sectores privados y de la recaudación tributaria tradicional.
Con un sencillo ejemplo podemos observar que la brecha es evidente: en el primer semestre de 2026 Neuquén recaudó 903 millones de dólares en regalías petroleras, una cifra que supera, por ejemplo, el endeudamiento que debió tomar Santa Fe para financiar su propia infraestructura. Haciendo la cuenta del almacenero en este ejercicio los neuquinos recibirán 1800 millones de dólares por el concepto mencionado. Es evidente que el esfuerzo y la capacidad de financiar bienes públicos no son iguales para un ciudadano neuquino que para uno santafesino, cordobés o bonaerense.
Una nueva realidad fiscal
Los datos del IARAF son contundentes: mientras la recaudación real de Ingresos Brutos cae en la mayor parte del país, provincias como Río Negro, Neuquén y San Juan muestran un crecimiento sostenido, blindadas por la explotación de sus recursos.
No se trata de cuestionar el desarrollo estratégico de la energía o la minería, sino de reconocer que estas actividades crean capacidades fiscales profundamente asimétricas. El modelo actual castiga a las provincias que generan valor a través de la producción tradicional, mientras beneficia a las que poseen ventajas geográficas fortuitas.
En definitiva, el esfuerzo fiscal que deben realizar las provincias no depende únicamente de cuánto recaudan o de cuánto reciben por coparticipación. También depende de las ventajas económicas derivadas de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
2028: una oportunidad para discutir una compensación
El desafío no es reformar la Constitución ni modificar la Ley de Coparticipación. El objetivo debe ser más pragmático: encontrar una fórmula que compense el desbalance interprovincial generado por la distribución desigual de recursos naturales.
De la misma manera que en el año 2000 se logró un reconocimiento nacional por el déficit de las cajas previsionales no transferidas, el 2028 se presenta como una ventana de oportunidad para discutir una compensación fiscal. No se requieren nuevos impuestos ni reformas estructurales complejas; se requiere voluntad política para equilibrar la cancha y garantizar que el desarrollo sea una realidad para todas las provincias, independientemente de si tienen oro, litio o simplemente una economía productiva y exportadora. En fin, el petróleo y la minería generan una desigualdad interprovincial que no podemos ignorar.
About The Author
