EL IMPUESTO DE SELLOS: ¿UN ANACRONISMO FISCAL EN BUSCA DE SU DEROGACIÓN?

El Impuesto de Sellos, a menudo denominado técnicamente como un gravamen sobre la circulación económica, es uno de los tributos más antiguos y, a la vez, más debatidos del sistema fiscal moderno. Su vigencia en la actualidad plantea interrogantes fundamentales: ¿Es todavía una herramienta necesaria para la recaudación provincial o se ha convertido en un obstáculo para la actividad económica que debe ser eliminado?

Un legado histórico: del papel sellado a la actualidad

La genealogía de este impuesto nos remonta a la España del siglo XVII. Fue el monarca Felipe IV quien, mediante la Real Pragmática Sanción del 15 de diciembre de 1636, introdujo el uso obligatorio del «papel sellado» para la redacción de escrituras públicas, una medida que entró en vigor el 1 de enero de 1637.

La medida no fue bien recibida. El descontento popular fue tal que, ante la resistencia de la población y las instituciones, se apodó irónicamente al rey como «el gran recaudador», lo que obligó a eliminar el nombre del monarca de las leyendas de los sellos poco después. Esta tradición fiscal cruzó el océano y se consolidó en Argentina, donde el sistema perduró a través de diversas legislaciones hasta convertirse, desde 1992, en un tributo esencialmente provincial.

 ¿Qué es el Impuesto de Sellos hoy?

En la actualidad, el Impuesto de Sellos funciona como un tributo indirecto que recae sobre la circulación de riqueza. Grava aquellos instrumentos, públicos o privados, que formalizan actos, contratos y operaciones de carácter oneroso donde se constituyen, reconocen o modifican derechos u obligaciones.

El difícil camino hacia su eliminación

Durante las últimas décadas, el impuesto ha estado en el centro de varios intentos de reforma fiscal. El Pacto Fiscal de 1993 fue uno de los primeros antecedentes, proponiendo la derogación gradual del gravamen en sectores clave como el agropecuario, industrial, minero y de construcción.

Más recientemente, el Consenso Federal de 2017 trazó una hoja de ruta ambiciosa: reducir las alícuotas en tres tramos hasta lograr la eliminación total del impuesto a partir del 1 de enero de 2022. En provincias como Santa Fe, los gobernadores Miguel Lifschitz y Omar Perotti respetaron estos compromisos y rebajaron las alícuotas, marcando un precedente importante.

 El nuevo escenario: La propuesta del Ministerio de Economía

Recientemente, el Ministro de Economía ha retomado la iniciativa de derogar totalmente este impuesto. La propuesta actual incorpora un elemento novedoso: el Gobierno Nacional se haría cargo de compensar la mitad de la recaudación perdida, dejando el 50% restante a cargo de las arcas provinciales.

Esta propuesta plantea un escenario de «cal y arena»:

Para una Provincia como Santa Fe, donde el Impuesto de Sellos representa más del 8% de la recaudación propia, se enfrentan a un dilema complejo. Deberán optar por aumentar otros ingresos o realizar ajustes significativos en el gasto público para cubrir el 50% del hueco fiscal que dejaría la derogación.

A su vez, la compensación del Gobierno Nacional, si bien alivia el impacto inmediato, incrementa la dependencia de las provincias respecto a las transferencias federales, planteando la necesidad de mecanismos claros de actualización.

¿La buena noticia? El debate parece alejar, por ahora, la idea de reemplazar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un IVA provincial. Personalmente, creo que un IVA provincial —con alícuota uniforme y una transición gradual no menor a cinco años— sería una reforma virtuosa. La experiencia  internacional nos sugiere mucha cautela.

Sustituir el impuesto sobre los ingresos brutos de un año para otro, y sin contar un consenso político institucional: es un SALTO AL VACIO. Puesto que implica más 82%  de la recaudación propia. 

About The Author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *