Durante mi gestión como Ministra de Educación de Santa Fe se promovieron una serie de estrategias concretas en género y diversidad.
Para que sirva de ejemplo de las políticas públicas que la provincia ha desarrollado, y por solo mencionar algunas, podemos citar el caso de la educación física.
Durante nuestra gestión, la educación física que no se basara en deportes competitivos se volvió mixta, pues no encontrábamos sentido al separar, especialmente a la hora de practicar el movimiento y los juegos.
Por otra parte, también promovimos la eliminación de los “rinconcitos”, espacios de las salas de nivel inicial que separaban y segmentaban el juego en “juego para niñas” y “juego para niños”.
Sin embargo, el trabajo que más orgullo nos ocasionó fue el que emprendimos para mejorar y aumentar la inclusión en las escuelas técnicas al punto en que en 11 años de gestión, la matrícula aumentó un 200%, y en un 300% en el caso de las mujeres.
Esta participación incluso llevó a las soldadoras de la escuela 478 “Nicolás Avellaneda” a construir una réplica del ARA San Juan, como homenaje a los 44 submarinistas.
Esto fue, también, resultado de la aplicación de la ESI, que comenzamos a aplicar desde la sanción de la Ley Nacional 26150, elaborando una serie de protocolos que permitían a los estudiantes y docentes ser reconocidos por su género autopercibido, generando dispositivos pedagógicos adecuados para cada edad, reconocer casos de abuso y hasta reducir la maternidad infantil y adolescente no deseada, entre muchos otros logros.
Esto lo pudimos hacer porque al implementar la ESI formamos equipos interdisciplinarios con perfiles que se incorporaron al sistema educativo provincial y que logramos titularizar para asegurar su trabajo.
Nos dice Fernanda Pagura sobre estas acciones: La violencia (en todas sus formas y modalidades) es, en palabras de Rita Segato, una pedagogía de la crueldad que perpetúa los mandatos culturales, sociales, económicos y políticos, sexistas, misóginos, homolesbotransodiantes, racistas, clasistas, edaistas y capacitistas. Las políticas públicas tienen la responsabilidad ineludible (por constitución nacional) de deconstruirlos, de desestabilizarlos para garantizar los derechos humanos en paridad para todas las formas de habitar el mundo.
La Educación Sexual Integral, entonces, no es una opción, es un derecho. Negarla o distorsionarla es condenar a generaciones a la desinformación, la violencia y la desigualdad. No se trata de ideologías ni de creencias personales, sino de construir una sociedad más justa, con niñas, niños y adolescentes capaces de tomar decisiones informadas y libres. La ESI no adoctrina, protege. No impone, acompaña. No confunde, esclarece. Su implementación plena y efectiva no puede depender de voluntades aisladas: es una tarea inexcusable de los estados.
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