En estos días, cuando recibí el honor de integrar el Consejo Asesor de la Presidencia de la Regional Rosario de parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, recordé el trabajo que realizamos, en conjunto, en la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe.
En plena pandemia, allá por junio del 2021, generamos una serie de jornadas virtuales de divulgación científica y de concientización sobre la importancia de las vacunas contra el COVID-19.
Si bien la ciencia estuvo a la altura de las circunstancias, creando rápidamente nuevas vacunas, el desarrollo se vio atrapado, con idéntica velocidad, en un sistema excluyente en el cual la salud se ubicó en segundo lugar, justo detrás del lucro.
De esta forma, mientras en países ricos sobraban las vacunas y se conformaba una suerte de turismo específico, en la mayoría de los países faltaban y se restringía el conocimiento y el acceso a las patentes, así como los insumos para producirlas.
Hoy pasa algo similar en relación al Dengue. Si bien ya existen las vacunas, y se están produciendo, por una cuestión económica no se distribuyen a toda la población que tiene necesidad de estas. Ni el gobierno nacional (principal responsable), ni el provincial están presionando para asegurar una mayor producción, compra y distribución de estas vacunas.
El Concejal Leonardo Caruana, ex Secretario de Salud de Rosario, nos dice: Es urgente cambiar la estrategia de vacunación. El porcentaje de vacunados dentro de los grupos priorizados por dicha estrategia es muy bajo y la gente que quiere y necesita vacunarse no tiene las dosis a disposición.
Esta estrategia, junto al desmantelamiento de hospitales y la falta de provisión de medicamentos gratuitos a jubilados reflejan, sin mucho lugar a dudas, los primeros síntomas del desmantelamiento de la, alguna vez ejemplar, salud pública del país.
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