El gobierno de Santa Fe presentó su Presupuesto 2026 con una palabra en el centro del discurso: equilibrio. En total sintonía con las exigencias de la Nación, la provincia ha iniciado un ajuste importante desde 2024, con contención del gasto público, aumento de tarifas de servicios, la reforma previsional y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de docentes y estatales.
Detrás del concepto de equilibrio que suena a orden y prudencia, se esconde una realidad menos armoniosa y es que el equilibrio contable no siempre se traduce en equilibrio social. A primera vista, la propuesta parece coherente y ordenada, pero detrás de los números aparecen interrogantes sobre su impacto real en la vida cotidiana de las y los santafesinos.
El plan prevé ingresos por $14,13 billones y gastos por $14,12 billones, en números redondeados, lo que arroja un equilibrio técnico de alrededor de $6.900 millones. Entre las áreas priorizadas, se destacan seguridad, con un incremento del 45% respecto a 2025, y se incluye un fuerte componente de obra pública e infraestructura productiva, y un ahorro proyectado de $1,75 billones, destinado a financiar el 91% del gasto de capital.
Estas cifras muestran una voluntad política de sostener servicios esenciales y de no ceder al desorden financiero. Sin embargo, la otra cara del presupuesto revela limitaciones que vale la pena discutir. El énfasis en la seguridad abre un debate sobre las prioridades del gasto público. La inversión en seguridad es necesaria, pero no puede reemplazar ni opacar la atención a las causas sociales del delito: la exclusión, el desempleo y la falta de oportunidades. Si no se equilibra el enfoque represivo con políticas sociales y educativas de fondo, el resultado será una seguridad de corto alcance.
El aumento de las partidas destinadas a Educación es solo del 20% con respecto al 2025. Entre algunas partidas significativas se encuentra la prevista para Comedores Escolares y Copa de Leche que prevé un incremento solo del 13% con respecto al 2025 (78,616millones para 2025 y 88910millones para 2026) en una provincia donde la pobreza crece en los barrio y en la cual el mismo Gobierno consiguió prorrogar durante este año, en la legislatura la ley de emergencia en materia social, educativa y sanitaria para “garantizar el derecho a la educación y a la salud, a la seguridad alimentaria, y fortalecer las estructuras de promoción y protección de derechos en este período de alta criticidad social”.
El gobierno habla de “priorizar la educación”, pero en la práctica los salarios de docentes y trabajadores estatales siguen por debajo de la inflación, pese a los anuncios de incrementos. Los gremios advierten que la pérdida del poder adquisitivo es sostenida y estudios a nivel nacional sitúan a Santa Fe entre las 6 peores provincias en este rubro. La paradoja es evidente: se prioriza la educación en el discurso, pero no se recompone con fuerza a quienes la sostienen día a día. Del porcentaje total del presupuesto, se ha disminuido en más de 5 puntos lo destinado a educación en los últimos 10 años.
Lo mismo ocurre con las políticas sociales. Las partidas crecen, pero lo hacen por debajo de la inflación proyectada, lo que en la práctica significa un ajuste silencioso. El presupuesto presentado por el gobierno ha sido calificado por algunos analistas como de “talle XS”. Es decir, equilibrado pero ajustado. En un contexto de alta volatilidad macroeconómica y de criticidad social, un crecimiento del gasto del 15% respecto al año anterior podría resultar insuficiente para sostener los servicios y programas que la sociedad demanda.
Se privilegia la contención fiscal antes que la inversión en inclusión y desarrollo. Y aunque se anuncian programas de infraestructura, el ahorro previsto de $1,75 billones deja entrever que la meta central no es expandir el gasto social, sino sostener la caja. Nadie niega la importancia del orden financiero. Pero el equilibrio no puede volverse un dogma o una bandera en sí misma, a riesgo de que el presupuesto se convierta en una herramienta de administración, no de transformación.
En definitiva, el Presupuesto 2026 deja en evidencia las tensiones de un modelo que busca equilibrio financiero sin resolver las desigualdades. La clave estará en la ejecución: en cómo se transforman esos números en políticas reales, con salarios dignos, infraestructura eficiente y servicios que lleguen a cada rincón de la provincia. El desafío, en última instancia, es que el equilibrio de las cuentas no se logre a costa del desequilibrio social.
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