Rosario está a punto de cambiar, y mucho. Una reciente ordenanza habilita mayores alturas de las que estaban permitidas en gran parte del ejido urbano: hasta 120 metros en el área central y 100 metros en corredores como San Lorenzo, Buenos Aires, Paraguay o San Juan. ¿Es malo que la ciudad cambie? Claro que no. El problema es que cambia sin una planificación integral, sin escuchar a los vecinos y sin prever los servicios necesarios para todos los rosarinos.
En este marco, el crecimiento desordenado y desregulado no solo es injusto: es peligroso. Y no solo por su impacto urbano inmediato, sino por las consecuencias profundas y duraderas que trae aparejadas. Hoy se proyectan edificios de hasta 100 metros incluso en barrios residenciales, proyectando sombras, generando desequilibrio ambiental y afectando la salud. Como decían nuestras abuelas: “donde entra el sol, no entra el médico”. ¿Qué pasa con el derecho al sol y con nuestra salud si llenamos Rosario de torres?
Las transformaciones que deberían ser excepcionales —como los aumentos de altura o los cambios en el Factor de Ocupación del Suelo (FOS)— se están volviendo norma. Lo vemos en el centro, lo vemos en Echesortu y también en barrios como Fisherton, cuya identidad basada en casas bajas y espacios verdes está siendo arrasada por estas definiciones.
Además, esta ola de modificaciones se da en contra de los principios votados hace apenas unos años en el marco del nuevo Código Urbano, que buscaba preservar la identidad barrial y establecer reglas claras para una construcción previsible y equilibrada. En este sentido, hace un año presentamos en el Concejo un proyecto para que los vecinos y vecinas puedan participar en los grandes emprendimientos edilicios.
Pero ni siquiera fue tratado. Esta sería una buena oportunidad para desempolvarlo y empezar a discutir seriamente qué modelo de ciudad queremos.
Es cierto que hay aspectos positivos en la normativa, como los deslindes medianeros o el intento de recuperar centros de manzana. Pero no se puede negar que estas modificaciones generarán una sobrecarga en servicios básicos ya deteriorados: desagües, luz, gas, agua. ¿Qué sistema puede soportar la concentración de hasta 4.500 personas en una sola manzana, como se estima en algunos proyectos?
Quizás sea momento de preguntarnos si el desarrollo de una ciudad tiene que ver con construir edificios cada vez más altos sin responder a una lógica urbana sustentable, o con garantizar que su gente viva mejor.
Tal vez no sea correcto afirmar que Rosario carece de planificación. El problema radica, más bien, en que dicha planificación responde cada vez más a intereses sectoriales, aquellos con mayor capacidad de incidir y condicionar las decisiones, mientras se deja de lado a miles de rosarinos y rosarinas que hoy no tienen acceso a una vivienda digna.
Y estas excepciones se dan en el tejido urbano consolidado, alterando el equilibrio barrial, tensionando la infraestructura y borrando lentamente los espacios verdes, el paisaje, la memoria colectiva. Porque una vez que un espacio verde se tapa con cemento, es casi imposible recuperarlo. Y cuando una ciudad pierde su equilibrio, su historia y su tejido social, no hay rentabilidad que lo compense.
Rosario cuenta con un entramado institucional valioso: universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles con conocimiento técnico y compromiso territorial. Desde hace años trabajan sobre temas clave como ambiente, calidad edilicia, necesidad de suelos permeables, luz y ventilación adecuada. Sin embargo, ese conocimiento no está siendo aprovechado. Por el contrario, estamos atravesando un momento de debilitamiento de la planificación integral y del respeto por los acuerdos estratégicos alcanzados.
Este debilitamiento tiene consecuencias concretas: pérdida de identidad, aumento de la desigualdad urbana, sobrecarga de servicios y destrucción del patrimonio arquitectónico y ambiental. Y todo esto ocurre en un contexto global crítico, donde el cambio climático ya no es una advertencia lejana. Bahía Blanca, Zárate, La Plata, Vera… son ejemplos recientes de cómo los eventos climáticos extremos afectan nuestras ciudades.
Además, no podemos naturalizar que el desarrollo urbano se mida únicamente en metros cuadrados construidos, como si fuera una competencia. El desarrollo real también implica comunidad, identidad, infraestructura, sostenibilidad y justicia social.
La planificación urbana no es una cuestión técnica menor: es una herramienta central para diseñar nuestro futuro. Pero sin participación activa de la ciudadanía, no habrá forma de garantizar que ese futuro sea sustentable, justo y equitativo.
Insistimos: la planificación urbana con participación no es una opción, es una urgencia. Es necesario preguntarse quién está tomando las decisiones, con qué intereses y para quién se está construyendo esta nueva ciudad.
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