El ataque a jubilados, discapacitados, periodistas se extiende ahora a los migrantes
Las noticias de los últimos días reflejan con brutal claridad el rumbo que ha tomado el país: uno que avanza con velocidad, firmeza y crueldad hacia escenarios que hasta hace poco parecían imposibles. En este camino regresivo no solo reaparecen enfermedades del pasado como el dengue, la sífilis o el sarampión, sino que también resurge una lógica política anacrónica y cruel, que erosiona derechos y fractura los valores humanitarios que alguna vez nos definieron como sociedad.
La salud, como derecho universal, está siendo socavada por decisiones que priorizan la exclusión antes que la inclusión, el castigo antes que el cuidado. El reciente rechazo a la Emergencia en Discapacidad, el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, el desmantelamiento de instituciones de derechos humanos y, la modificación por DNU de la Ley de Migraciones, son solo algunas de las aristas visibles de un iceberg gigantesco que amenaza con hundir décadas de construcción democrática.
Modificar la Ley de Migraciones imponiendo barreras al acceso a la salud no es solo injusto; es inconstitucional y profundamente inhumano. Es un ataque directo a los principios básicos de la salud pública, que aprendimos a defender a lo largo de crisis como el dengue, la tuberculosis o la pandemia de COVID-19. La salud no admite fronteras: si hay población excluida, no hay salud pública posible.
Este decreto transforma salas de espera en escenarios donde la crueldad del Estado se materializa en forma de discriminación, sufrimiento y abandono. No se trata de una simple reforma administrativa: es la instalación de una lógica del “sálvese quien pueda”, donde quien pierde es siempre el más débil, el más necesitado. Y en ese pragmatismo despiadado, la equidad deja de ser un horizonte para convertirse en un obstáculo.
La ley migratoria que hoy se pretende demoler fue un ejemplo a nivel internacional por su enfoque humanista. No solo reconocía derechos: los garantizaba. Su espíritu era el mismo que inspiró un sistema de salud plural, donde el Estado, la seguridad social y los prestadores privados coexistían con la finalidad de atender a todas las personas, sin importar su nacionalidad. Ese sistema, imperfecto pero valioso, está hoy bajo ataque por una lógica regresiva que busca reemplazarlo con una matriz de exclusión inspirada en los peores rasgos del modelo sanitario estadounidense: injusticia, ineficiencia e ineficacia.
Esta ley, sancionada hace 22 años, comparte valores nodales con el modo en que ha sido construido nuestro sistema de salud pública en Rosario donde la confianza y el vínculo son parte de la calidad del sistema. Ha dado paso a una dimensión de cuidados que protege tanto a quien necesita ser atendido como a quien atiende. Eliminar estos derechos es abandonar a una persona sólo por su origen y exponer a un trabajador de la salud a que sea quien define quién se atiende y quién no.
Es necesario preguntarse: ¿cuál es la necesidad y urgencia de esta reforma? La respuesta es política: construir un enemigo interno, señalar a la migración como la causa de todos los males. Una estrategia peligrosa, falsa y profundamente estigmatizante. La ley actual ya prevé la expulsión de personas que cometan delitos graves. No hay vacíos legales, hay intenciones oscuras.
Rosario, entre muchas otras ciudades, conoció ese pasado. Supo superarlo con políticas públicas integradoras, con un sistema de salud comunitario, solidario y democrático. Hoy no podemos permitir que todo ese esfuerzo sea destruido por decretos autoritarios y discursos de odio. No podemos naturalizar que se niegue atención médica o se cobren aranceles universitarios a quienes llegaron con la esperanza de una vida digna.
Negar la atención sanitaria por nacionalidad no solo es inaceptable: es una amenaza para todos. La salud y la educación son principios civilizatorios. Romperlos no es solo injusto, es peligroso. Y es urgente defenderlos.
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