Todos los rosarinos tenemos alguna historia incómoda, y muchas veces angustiante, vinculada a esta situación: una noche en la que salir a cenar, ir al teatro o simplemente estacionar se transforma en un momento de tensión. La duda aparece inevitablemente: ¿si no pago, encontraré el auto intacto cuando vuelva?, ¿habrá una rayadura, un vidrio roto, un daño como castigo?
Cobrar por estacionar en la vía pública sin autorización no es un trabajo ni un servicio. Es extorsión. Disfrazarla con eufemismos no cambia su naturaleza del problema.
Ahora bien, el debate no termina ahí. En el Concejo y en la Legislatura provincial conviven proyectos muy distintos: prohibición absoluta con sanciones severas, esquemas de registro y regulación, propuestas que combinan orden con transición laboral, e incluso hay iniciativas que buscan integrar la actividad a la economía popular.
Que existan miradas diferentes es sano. Lo que no sería sano es evitar la pregunta central: ¿estamos frente a una actividad que se ordena con regulación o ante un problema de seguridad pública que exige herramientas más firmes para erradicar la extorsión?
Si coincidimos en lo segundo, la conclusión es clara: Rosario no puede enfrentar esto sola. Sabemos lo que implica que economías ilegales disputen territorio y recauden en la calle. Sabemos el costo de la ausencia o la demora del Estado. Lo que no podemos hacer es romantizar lo que angustia a los vecinos, ni convertir un problema de seguridad en un experimento teórico.
El desafío es más complejo que una consigna que podría imprimirse en una remera. Se necesita una estrategia integral y coordinada entre niveles de gobierno, con un marco sancionatorio claro, controles efectivos y aplicación real de la ley. Como presidenta del Concejo, mi responsabilidad es ordenar el debate para construir reglas más claras que beneficien a toda la ciudad.
La discusión sobre los cuidacoches no puede quedar atrapada entre la negación y el parche. Es una forma concreta de violencia urbana que condiciona la libertad de los vecinos. Necesitamos leyes claras, herramientas para aplicarlas y una Justicia que actúe con rapidez.
Cuando los poderes del Estado funcionan coordinados, el mensaje es inequívoco: en Rosario la calle es de los vecinos.
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