Esta semana presentamos ante la Comisión de Derechos y Garantías la propuesta del Frente Amplio por la Soberanía para la reforma de la Constitución de Santa Fe.
Tenemos la convicción que la nueva Constitución de la provincia debe avanzar junto a los grandes derechos que ha conquistado la humanidad. De ninguna manera puede generar un retroceso en derechos como el que hoy sufren las infancias, las y los trabajadores, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Tuvimos una gran Constitución en 1921, que el nuevo proceso no nos atrase un siglo. Esta nueva Carta Magna tiene la responsabilidad histórica de generar condiciones para mitigar las injusticias y las desigualdades del hoy, pensando en un futuro digno para todos los santafesinos y santafesinas.
Nuestras propuestas son el resultados de más de 25 asambleas ciudadanas y reuniones con organizaciones sociales, especialistas y colegios profesionales a lo largo de toda la provincia. En este artículo voy a presentar específicamente lo analizado sobre la Sección Octava: Derecho a la educación.
El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho humano a la educación, como bien público y social sostenido por los principios de universalidad, gratuidad, laicidad, inclusión y calidad. Debe asegurar la educación con perspectiva de derechos humanos impulsando la formación de docentes y estudiantes en la defensa de los valores democráticos y la memoria colectiva.
El Estado debe garantizar la educación sexual integral con perspectiva de género, la educación ambiental, la alimentación saludable y segura, la accesibilidad de las personas con discapacidad, el respeto por los pueblos originarios, la participación estudiantil y la inclusión digital con responsabilidad.
Asimismo, debe asegurar la protección de las trayectorias educativas, la vinculación con el mundo del trabajo, la accesibilidad al nivel superior, la diversificación de carreras y la formación docente contínua y en servicio.
El Estado debe garantizar condiciones laborales dignas, salarios justos, negociaciones paritarias y cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo. Debe generar reconocimiento de la ciencia, la investigación y la innovación como pilares esenciales para el desarrollo social y económico sostenible.
Para todo esto necesitamos financiamiento acorde, asi proponemos: Establecer que la educación debe ser área prioritaria y que los recursos de cada nuevo presupuesto no podrán ser inferiores al del ejercicio anterior. Si realmente pensamos que todos los problemas, y las soluciones a los mismos, pueden atribuirse a la educación, ésta debe ser un área prioritaria con rango constitucional.
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