Los sectores en pugna confrontan desde la mentira y descalificación sin abordar la cuestión de fondo, que no es otra que la importancia de la educación pública.
En toda grieta los sectores en pugna no discuten las cuestiones de fondo. Porque no les interesa cambiar realidades. Solo se trata de doblegar al otro. Y cualquier recurso es válido. Por eso la mentira, la descalificación, la injuria hacen de la violencia el campo de batalla, con las redes sociales como armas de destrucción y amplificación de consignas que no hacen a la búsqueda de una solución.
El ganar como sea no tiene a la ética ni al sentido común como volantes de contención, y el ingenio es puesto en una táctica destructiva, para continuar con la analogía futbolística.
“En el mismo lodo todos manoseaos” es el escenario ideal para aquellos que integran la sociedad de los mediocres vivos, varios de ellos con acceso a cargos legislativos, y es ahí donde instalan sistemáticamente los temas importantes para banalizar, como ocurre ahora con la cuestión universitaria.
No es cierto que unos quieren la privatización de la educación pública como tampoco es verdad que los otros no quieran ser auditados. Es una falsa antinomia. Y así como es inconducente la violencia verbal con la que se conduce el presidente Milei y sus obsecuentes, también lo es la toma de las universidades y sus promotores.
Si las autoridades gubernamentales, académicas, sindicales y estudiantiles no ejercen con la responsabilidad que los cargos le exigen, serán partícipes de la impericia colectiva que no permita resolver los problemas reales de las universidades. Como así de las consecuencias que esta escalada puede alcanzar, de la que solo unos pocos obtendrán dividendos.
Porque lo primero que deben internalizar es que la situación universitaria es una cuestión de interés público, porque la sociedad toda es la que financia con sus aportes.
No obstante, la mirada sesgada desde el punto de vista financiero es un reduccionismo injusto para con la relevancia educativa, formadora, social, cultural y laboral que tienen las universidades públicas.
Tan injusto como lo es el punto de vista sectario que consideran que un gobierno no tiene derecho a revisar determinados aspectos del funcionamiento de dichas casas de estudios, cuando se tratan de fondos públicos.
Hoy la situación impone diálogo, discusión, búsqueda de consenso y articulación de las distintas verdades para la construcción de una realidad diferente de la educación pública, la que ratifique virtudes y corrija errores.
Solo así se dejará sin espacio a la violencia que se nutre de falsedades, escraches, tomas y de mentiras recurrentes.
Este es el único camino que tiene el país para resolver no sólo el conflicto de la educación pública, sino todos los problemas.
Hace mucho tiempo que la Argentina elige la confrontación como método, y por lógica el resultado siempre es peor.
Por eso cuando se habla de cambiar, el verdadero cambio a conseguir es el cultural, ese que permita una transformación económica, política y social, con la educación pública y gratuita como cimiento del desarrollo pretendido.
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