Hay conductas que son condenables en todo sentido. La hipocresía es, tal vez, la más repudiable de todas ellas porque siempre hace daño y más aún cuando es de aplicación nacional cuya afectación llega a millones de ciudadanos. Esta ha sido, invariablemente, la postura de los políticos y dirigentes cada vez que prometieron hacer de la jubilación un sistema justo para cubrir la vejez de sus ciudadanos.
En argentina, cualquier persona que haya permanecido en el sistema jubilatorio de los últimos 70 años, llegó a su edad adulta absorbiendo el impacto indirecto de la voracidad ilimitada del estado, que históricamente tomó de manera compulsiva – totalitaria y dilapidó indebidamente el capital ahorrado por millones de argentinos a través de sus aportes personales, más los aportes patronales, cuyo fin histórico principal era solucionar la “vejez” de cada uno que hubiese permanecido en el sistema durante una determinada cantidad de años.
Tal como recordó el Dr. Antonio Margaritti en una publicación de la BCR, desde 1904, fecha en la que se instauraron los seguros sociales a través de la Ley 4349 y que dio nacimiento a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos y una gran cantidad de instituciones similares, hasta que desde 1915 en adelante nacieron la caja de Maquinistas de la Fraternidad; la Caja del Personal Ferroviario; la Caja de Servicios Públicos la Caja de Bancarios y Empleados del Seguro; la Caja para Empleados de Comercio y Obreros Industriales; la Caja de Periodistas y Personal Gráfico y La Caja del Personal de la Marina Mercante. Todas estas Cajas fueron “autónomas”, auto gestionadas y con férreos controles sobre su administración financiera que tuvieron un largo período de auge, apogeo y crecimiento en cuanto a la protección de quienes se jubilaran o pensionaran en aquellos años, hasta que 25 años después a través de los decretos 31.665/44 y 12.937/46 se integraron los seguros sociales en un pozo común concentrado en las Cajas de Empleados de Comercio, del Personal de la Industria, de los Trabajadores Rurales, de los Profesionales y Trabajadores Independientes y la de los Profesionales. Este proceso de estatización marca el inicio del quiebre del sistema porque es cuando se perfeccionó la apropiación de los fondos por parte del estado.
Cincuenta años después de aquella malograda estatización, en el marco de la convertibilidad peso – dólar, apareció el Sistema de Capitalización que tuvo un desempeño muy interesante durante los primeros 14 años desde su implementación, alcanzando un excelente coeficiente de capitalización anual de casi un 14% en dólares. Aunque, como no podía ser de otra manera en Argentina, llegó el momento de una nueva estatización que tuvo inicio en la promulgación de una Ley que se llamó de “Libertad de Elección Previsional” que no cumplió con los objetivos del gobierno puesto que sólo 1.900.000 afiliados decidieron regresar al sistema de reparto mientras que 9.500.000 personas prefirieron ratificar su adhesión al sistema de las AFJP. Ante esta situación, la decisión fue implementar una estatización “de facto” con el apoyo de una pléyade de legisladores oficialistas y opositores, que una vez más exhibieron exaltados su hipocresía ante la ciudadanía. ¿Habrá llegado el momento de plantearnos la modificación del primer artículo de la Constitución Argentina que señala: Art. 1°.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución?. O simplemente tendremos que exigirle a nuestros legisladores que cumplan con sus promesas de campaña?
Está claro que hay un problema de origen con el modelo de sistema social en todo el mundo y que cada país lo resuelve de la manera que más le conviene al jubilado, en Argentina, este, que debería ser el beneficiario protegido, es siempre el peor damnificado. A finales del año 1880, cuando Otto Von Bismarck ideó el sistema de jubilación a partir de los 70 años, época en la cual la expectativa de vida apenas llegaba a los 45 años, mientras que hoy trepó hasta los 80 años. Resulta obvio que al aumentar la cantidad de beneficiarios comparado con la misma cantidad de aportantes, en algún momento se produce un estrangulamiento financiero. Lo mismo sucedió en la Argentina, en sus orígenes llegó a haber más de 6.5 personas en edad económicamente activa por cada jubilado, esto generó una enorme cantidad de recursos que son los mismos de los cuales se apropió invariablemente el estado argentino, hasta llegar a este momento en el cual hay aproximadamente 5.500.000 jubilados y pensionados y solamente 10.500.000 aportante, lo que representa que hay menos de 2 aportantes por beneficiario. Esto señores, es la síntesis de un “esquema Ponzi” o “Sistema Piramidal” inverso que supone la promesa de ahorrar en el sistema jubilatorio durante 30 años, para que el mismo sistema le devuelva a cada persona una jubilación digna, pero como bien sabemos nada de esto se cumple desde hace decenas de años.
Hubo un ejercicio que me llevó a escribir sobre este tema. Hace poco tiempo comenzamos a repasar algunos ejemplos sobre casos reales y nos detuvimos en uno en particular. La persona enfocada ingresó al sistema jubilatorio en el año 1975. Desde el año 1980 tuvo cargos gerenciales cada vez más importantes que suponen ingresos medio – altos hasta el año de su retiro que fue 2023, es decir que permaneció durante largos 48 años en el sistema jubilatorio. Los cálculos realizados, aun teniendo en cuenta los caóticos vaivenes de la horrible economía argentina durante todo ese período sugieren que si en lugar de aportar al sistema Social de manera obligatoria, este señor hubiese optado por capitalizar ese 11% durante los 576 meses, al día de hoy, sin tomar en cuenta los aportes patronales, su disponibilidad ascendería a una suma cercana a (Dólares 400.000) U$S 400.000, mientras que el haber que le asignó ANSES es de aproximadamente (Pesos Un Millón Seiscientos mil) $ 1.600.000. Ante la evidencia de la injusticia, sólo podemos esperar que alguien se haga cargo de darle una solución a un tema preocupante en extremo. Este es el momento en el cual este “esquema Ponzi” a punto de estallar debe ser revisado en profundidad. O bien es el estado hace frente a este desajuste a perpetuidad o ensayando una solución justa, deberá idear un esquema de eliminación de la “obligatoriedad” de aportar a un sistema agotado – quebrado que no le resuelve la vejez a nadie. Estamos obligados a hacer que los responsables se bajen de su hipocresía.
Hasta la próxima!!!
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