El documento presentado recientemente por el Observatorio de la deuda social de la UCA afirma que la inseguridad alimentaria en la infancia es un problema estructural agravado por crisis coyunturales. Así, entre 2010 y 2024 la IA infantil en la Argentina mostro una tendencia sostenida al alza, con picos en 2018, 2020 y 2024. Particularmente, en el último año, el 35,5% de niños, niñas y adolescentes atravesó inseguridad alimentaria y el 16,5% inseguridad severa.
La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas (FAO, 2023). Puede manifestarse de forma leve (preocupación por no contar con alimentos por problemas económicos), moderada (reducción en cantidad o calidad de la dieta de la familia y en particular de los adultos) o severa (privación en la ingesta y en particular en los niños/as).
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la carencia de alimentos tiene consecuencias especialmente graves. La falta de acceso adecuado a la nutrición impacta de manera crítica en la salud física, el desarrollo cognitivo, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar.
Existe una asociación directa entre la inestabilidad laboral de los adultos y el acceso limitado a una alimentación adecuada.
Por otro lado, la escolarización suele estar asociada al acceso a comedores escolares y otros recursos del sistema educativo, así como a una mayor integración social y contacto con redes de contención. Las infancias que presentan déficit educativo presentan niveles sistemáticamente más elevados de inseguridad alimentaria en comparación con los hogares que no presentan déficit educativo. A partir de 2020, la brecha entre ambos grupos se amplía.
La permanencia escolar opera como un factor de protección frente al agravamiento de la pobreza, reafirmando la importancia de garantizar el derecho a la educación como una vía indirecta para fortalecer el derecho a la alimentación.
Una de las fuertes recomendaciones del Observatorio es reforzar el rol de la escuela como espacio protector y de acceso a la alimentación; la ampliación de programas de alimentación escolar y estrategias para evitar la deserción educativa.
En marzo de 2024 presentamos un proyecto de ley para asegurar una prestación alimentaria mínima y universal en todas las escuelas de la provincia. Una prestación flexible, de acuerdo a las disponibilidades de cada establecimiento y que contemple criterios nutricionales mínimos.
Aunque la provincia declaró la Emergencia Social, Educativa y Sanitaria, según la Ley número 14.241, tristemente la Legislatura aún no ha dado tratamiento a esta importante iniciativa. El proyecto de Ley número 53.348 debe tener tratamiento urgente, porque el hambre no puede esperar.
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