El dolor de las víctimas y de sus familias nos atraviesa como sociedad. Frente a un hecho violento, no hay palabra que alcance para reparar una pérdida ni calmar la angustia. Acompañar, escuchar y exigir justicia es una obligación ética irrenunciable. Desde ese lugar de respeto profundo por quienes han sufrido, también tenemos la responsabilidad de preguntarnos si las respuestas que se proponen realmente ayudan a que estos hechos no se repitan.
En ese contexto vuelve a plantearse la baja de la edad de imputabilidad penal. Se la presenta como una solución frente a la inseguridad, pero conviene aclarar algo fundamental: en Argentina ya existe responsabilidad penal para adolescentes de 16 a 18 años, bajo la Ley 22.278. No hay un vacío legal ni una “zona sin consecuencias”. Lo que existe es un régimen especial que reconoce que la respuesta del Estado debe ser distinta a la que se aplica a los adultos, con prioridad en medidas socioeducativas y de reintegración. Además, nuestro país asumió compromisos internacionales claros de protección a niño, niñas y adolescentes, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que orientan a que cualquier intervención del sistema penal juvenil sea excepcional, proporcional y orientada a la inclusión, no al castigo como primera respuesta.
La evidencia también es contundente: bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito. Los estudios en criminología y desarrollo adolescente muestran que el encarcelamiento temprano suele aumentar la reincidencia y consolidar trayectorias de exclusión. La adolescencia es una etapa de formación, donde el acompañamiento y las oportunidades tienen más impacto que la sanción punitiva.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve ampliar el sistema penal hacia chicos cada vez más jóvenes si el Estado llega a sus vidas recién cuando ya todo fracasó? ¿Dónde estuvo antes cuando el barrio se quedó sin oportunidades? En muchos territorios, el narcotráfico avanza donde el Estado retrocede. Allí, a veces, la única propuesta que aparece para un adolescente es ser “soldadito” de una red que lo usa y lo descarta, siempre liderada por mayores de edad. ¿De verdad creemos que la solución es castigar más temprano, en lugar de llegar antes con educación, clubes, cultura, salud y trabajo para las familias? Además, supuestamente, ¿cuáles serían los espacios de resocialización y qué instituciones tenemos pensadas y construidas para privarlos de la libertad? Ninguna.
Ser firmes frente al delito no puede significar ser duros solo con los más débiles, mientras las estructuras que organizan y financian la violencia siguen funcionando. Las respuestas efectistas, pensadas para el impacto inmediato, suelen alimentar una espiral de violencia que después es muy difícil de detener. La seguridad real se construye con políticas de fondo, con prevención y con el cumplimiento de la Constitución y de los derechos que protegen a la infancia. La pregunta de fondo es simple y profunda a la vez: ¿queremos un Estado que aparezca por primera vez en la vida de un chico a través de la cárcel, o un Estado que llegue antes con derechos y oportunidades? De esa respuesta depende no solo el presente de nuestros niños y adolescentes, sino el futuro de toda la sociedad.
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