Sinceramente me preocupa que hoy estemos mezclando el uso indiscriminado de celulares, y sus graves efectos en la infancia, con la necesaria alfabetización digital.
Cuando presentamos el proyecto de Ley de educación virtual, lo hicimos basándonos en nuestra experiencia del 2012 al 2019 cuando la principal preocupación del sistema educativo era la brecha digital, una nueva desigualdad entre niños y niñas de diferentes estratos sociales. Este proyecto plantea igualdad en el acceso a la tecnología y su uso como complemento en la protección de las trayectorias educativas para aquellos jóvenes que no pueden sostenerlas por problemas de tiempo, distancia, o económicos. Basta con recordar que sólo un 10% de las y los jóvenes termina la escuela secundaria obligatoria en tiempo y forma hoy, o sea en la edad estipulada y con los conocimientos necesarios. Si bien en otras edades mayores, por ejemplo los jóvenes entre 25 y 30 años, el 75% ha concluido sus estudios secundarios según la encuesta permanente de hogares.
En esos años promovimos una virtualidad liderada por un docente formado, con planificación y sistematización, ya sea a través de una educación híbrida (presencial y virtual) o del uso de instrumentos como las pantallas digitales complementando el uso del tradicional pizarrón.
Luego la pandemia nos demostró que faltaba mucho por hacer. Cada docente, estudiante y familia se arregló como pudo, con lo que tenía y podía realizar en circunstancias tan dramáticas. En simultáneo, la masificación de celulares para todo uso y distracción completó un panorama que amerita nuevas reflexiones.
El artículo 10 del proyecto de Ley de educación virtual plantea que la escuela debe revisar su código de convivencia teniendo en cuenta los nuevos acuerdos pedagógicos que implica el uso de las TICs. También se plantea la necesidad de construir un proyecto institucional, con instancias de trabajo con familias y estudiantes, para el uso responsable de las tecnologías digitales.
La nueva Constitución de Santa Fe desarrolla en dos de sus artículos (28 y 29) la importancia de los derechos digitales de los ciudadanos. Pero en el artículo 39 del capítulo segundo (Educación) el planteo es bastante menos taxativo. Dice: La provincia promueve la alfabetización digital y el acceso a TICs para la democratización del conocimiento. Y aquí se plantea la otra disyuntiva, ¿el uso mercantil y muy poderoso de los algoritmos permite una verdadera democratización del conocimiento? ¿Los 15 cien mil millonarios del mundo que son los dueños de las grandes plataformas influyendo en nuestras prioridades de consumo, están influyendo también en la educación? Como se plantea Axel Rivas ¿quién controla el futuro de la educación?
Entonces, celulares si, celulares no, todo depende de la edad de los niños y niñas, del proyecto institucional escolar y del control que pueda seguir ejerciendo el docente en el aula. La tecnología y sus instrumentos son sólo eso. Nunca nos olvidemos que el pensamiento crítico y creativo es el que posibilita la producción reflexiva del conocimiento. Volvamos a ello.
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